La universalización mágica de los servicios de salud

El día de ayer, en medio de un estancamiento económico que deja al país con un porcentaje de 1.72% de crecimiento, con las condiciones de pobreza de más de 80 millones de mexicanos,  y con una posible crisis humanitaria por el saqueo de los servicios de salud por más de 30 años, a través de un convenio entre la Secretaría de Salud y los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) aseguraron que se atenderá a la población en general en cualquier unidad médica sin importar si tienen o no seguridad social

Al inaugurar la XVI Reunión Nacional Ordinaria del Consejo Nacional de Salud (Conasa) el secretario de Salud, José Narro, precisó, con tono de gerente de una empresa más que de secretario de una institución pública, que el propósito fundamental del acuerdo es aprovechar a cabalidad todos los recursos de que dispone el país en esta materia, utilizarlos de manera “ordenada, sistemática y convenida por las instituciones públicas y evitar que se vuelvan ociosos”.

El secretario de salud nunca habló de un aumento en la otorgación de recursos, a pesar de las movilizaciones en más de 60 ciudades del país a lo largo de los dos últimos años por parte de trabajadores de la salud para denunciar principalmente esta falta de insumos.

La cifras son escandalosas: como lo señalan los datos de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), desde el 2008 al 2015, el gasto público en salud había representado 3% del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual se encuentra por debajo del promedio de lo que invierten los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con 6.7% del PIB. Y para éste año se propone, según datos del Centro de Investigación Económica Y Presupuestaría (CIEP) que sea de 2.7% del PIB lo otorgado en México.

Según datos del mismo organismo, para los años 2016 y 2017 se reduce el presupuesto asignado a salud en 1% y 0.8% respectivamente, esto derivado de los procesos de reingeniería del gasto público (su gerencialización), dejando con ello al sector salud en tangibles y homicidas números rojos.

De ésta forma, con el convenio pactado ayer por el Consejo Nacional de Salud, se garantizan tres cosas:

  1. Provocar una agudización en la crisis del sector salud
  2. Que ésta misma agudización genere aún más flujo de capital público a empresas privadas por medio de la subrogación de los servicios de salud.
  3. Más incertidumbre laboral (demandas, presión, acoso, sobrecarga de trabajo) dentro de las clínicas y hospitales del país.

 

El secretario de Salud, Dr. José Narro, dijo que era necesaria una utilización de los recursos ordenada y fuera del ocio, pero con las instituciones públicas de salud quizá le esté apostando a que las y los trabajadores de la salud hagan magia con los recursos que no tienen.

 

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